El Gobierno derogó el decreto que obligaba al Estado Nacional a comprar únicamente tickets aéreos de la compañía de bandera o de Austral para trasladar a funcionarios, empleados, asesores y terceros. Buscan promover la “competencia y la transparencia”.

El gobierno eliminó la obligatoriedad para las entidades del Sector Público Nacional de contratar exclusivamente con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para la compra de pasajes aéreos, un requisito que había sido impuesto por el Decreto 1191/12.

El decreto 747/2024 fue publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La disposición que regía desde julio de 2012 obligaba a todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional a utilizar los servicios de las dos compañías estatales y de su agencia de venta mayorista OPTAR para el traslado aéreo de funcionarios, empleados, asesores y terceros cuyos viajes fueran financiados por el Estado Nacional.

«¡#DecretoJumbo #FuncionariosPublicos, bienvenidos a #LaLibertadDeVolar! Con la firma del Decreto 747/2024, todos pueden finalmente elegir cómo y con quién volar», celebró a través de la plataforma X (ex Twitter) Mauricio Sana, CEO de la aerolínea de bajo costo Flybondi.

La medida ahora dejada sin efecto buscaba garantizar ingresos constantes para las aerolíneas estatales en un contexto de dificultades económicas en su actividad.

Sin embargo, la nueva normativa promovida por el gobierno actual, en consonancia con el Decreto 70/23, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, suprime esta exclusividad, fomentando, según se argumenta, la «competencia y la transparencia en las contrataciones públicas«.

Con esta modificación, se permite que las entidades del Estado puedan considerar ofertas de otras aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, para el traslado de su personal.

Esto significa que Aerolíneas Argentinas y Austral ya no tendrán prioridad automática en los contratos del sector público.

Un cambio de política

Por otro lado, las entidades públicas tendrán un plazo máximo de un año para revisar y, en su caso, rescindir los contratos vigentes que otorguen ventajas o preferencias contrarias a la nueva normativa.

Esta medida forma parte de un esfuerzo por desregular la economía y eliminar barreras estatales que impiden el desarrollo de un mercado más competitivo.

Transporte Aéreo, Récord de Pasajeros, Aerolíneas Argentinas
Con el nuevo decreto, se permite que las entidades del Estado puedan considerar ofertas de otras aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, para el traslado de su personal.

El Gobierno instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones para que adapte la normativa vigente, con el fin de facilitar estos cambios y garantizar que las contrataciones estatales se realicen bajo criterios de “competencia justa y transparente”, con el objetivo de obtener “la oferta más conveniente tanto para el Estado como para los ciudadanos”.

A pesar de estos cambios, fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron que confían en que los funcionarios públicos seguirán eligiendo a la aerolínea de bandera para sus viajes, debido a la disponibilidad de frecuencias y la puntualidad de sus servicios, entre otras razones.

Además, destacaron que los viajes de funcionarios solo representan un 1,5% del total de sus ventas.

Más allá de esa evaluación, desde el sector privado ya se vio alguna señal de muy altas expectativas respecto a las posibilidades que podría abrile la decisión oficial.

«¡#DecretoJumbo #FuncionariosPublicos, bienvenidos a #LaLibertadDeVolar! Con la firma del Decreto 747/2024, todos pueden finalmente elegir cómo y con quién volar», celebró a través de la plataforma X (ex Twitter) Mauricio Sana, CEO de la aerolínea de bajo costo Flybondi.

La actualidad de Aerolíneas Argentinas

Por un lado, la Justicia de los Estados Unidos falló en contra de Argentina en el litigio relacionado con la expropiación de la aerolínea en 2008.

Tras una demanda del Titan Consortium, la Corte del Distrito de Columbia autorizó al CIADI a ejecutar una deuda del Estado Nacional de 340 millones de dólares.

Por otro lado, tras seis meses sin subsidios, Aerolíneas Argentinas recibió su primera transferencia estatal de 2024. Esto se produjo después de que la aerolínea terminara el año pasado con una estabilidad financiera relativa.

Con la nueva administración en la compañía, se implementaron varios cambios significativos: recortaron vuelos no rentables, lanzaron dos programas para reducir el personal y se está preparando el terreno para una posible privatización, que es el objetivo final del plan.

La reciente transferencia de $58.700 millones de las arcas públicas está destinada a financiar el plan de reducción de personal de la compañía, que actualmente cuenta con 11.134 empleados, además de 354 empleados fuera de convenio, según datos del INDEC.

Se estima que alrededor de 500 personas se inscribieron en el primer programa de retiro voluntario ofrecido por Aerolíneas. El número, bajo, llevó a la empresa a una oferta mejorada, incluyendo mejores indemnizaciones y no solo al personal de tierra, como en el primer llamado, sino también a los empleados de vuelo.

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