Las partes lograron destrabar las negociaciones y se espera la apertura de la licitación. Desde Nación apuntaban a contar con el apoyo provincial antes de avanzar, para evitar la impugnación del proceso.
Neuquén y Río Negro alcanzaron acordaron con el gobierno nacional el cobro de un canon del 1% por el uso del agua de los ríos Limay y Neuquén en las represas del Comahue. Se trata de un paso previo fundamental para concretar su reprivatización.
A partir de este entendimiento con los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, la Secretaría de Energía podrá avanzar con el llamado a licitación para transferir el control de las centrales que actualmente generan una cuarta parte de la energía eléctrica del país.
Las concesiones otorgadas en los 90 vencieron en 2023 y desde entonces, tras varias extensiones de los contratos, se espera una definición para El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita.
Las tensiones giraban en torno a la falta de consenso sobre el rol que debían tener Neuquén y Río Negro en la administración de las represas.
El objetivo de Nación desde un principio fue avanzar hacia un modelo privado, pero primero quería contar con el aval de las provincias. Este factor es clave para evitar impugnaciones que obstaculicen y demoren aún más el proceso.
De acuerdo al medio Econojournal, las diferencias se resolvieron en las últimas horas y “la Secretaría de Energía ultima los detalles para un inminente llamado a licitación”. Se espera que los pliegos estén disponibles en los próximos días, tras la resolución de los aspectos administrativos pendientes.
Las represas del Comahue y una larga negociación
La prórroga de las concesiones vencidas se había convertido en un punto de fricción entre el gobierno nacional y las provincias, que reclamaban mayor participación en la toma de decisiones sobre los recursos naturales dentro de sus territorios.
Las tensiones giraban en torno a la falta de consenso sobre el rol que debían tener Neuquén y Río Negro una vez concluidos los contratos de concesión, situación que había generado dilaciones en los últimos dos años. La aplicación de este canon surge como un mecanismo intermedio que permitió destrabar el conflicto.
Neuquen y Río Negro se ampararon en el artículo 124 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que reconoce a las provincias la propiedad de sus recursos naturales. En ese marco, impulsaron normas propias que regulan el uso del agua con fines eléctricos.
Neuquén fijó un valor de 0,0050 dólares por metro cúbico de agua utilizada, mientras que Río Negro estableció una retribución equivalente al 5% del monto facturado por ventas al Mercado Eléctrico Mayorista. Sin embargo, hasta ahora ninguna de esas leyes fue reglamentada ni aplicada efectivamente.
Por parte del Ejecutivo nacional, la posición había sido que las regalías ya constituían una compensación suficiente. No obstante, como parte de la negociación, se habilitó a las provincias a percibir regalías hidroeléctricas en especie, es decir, como energía entregada directamente en lugar de ingresos monetarios. Esta compensación está establecida en un 12% del total de la energía vendida por las concesionarias.
Las claves que se esperan en el pliego
Entre los elementos centrales del nuevo esquema licitatorio que se anticipa, se destaca que los futuros adjudicatarios estarán obligados a destinar el 95% de la energía generada durante los primeros dos años al abastecimiento de la demanda prioritaria.
Se trata principalmente del consumo residencial, que será cubierto con un precio diferencial determinado por la Secretaría de Energía. Este valor se ubicará entre 15 y 20 dólares por megawatt hora, cifra sustancialmente inferior al precio monómico de referencia, cercano a los 68 dólares.
En cambio, el 5% restante de la energía podrá ser vendido a precio libre en el Mercado a Término (MAT), aunque esa posibilidad solo se habilitará hacia el último cuatrimestre del año. Según el diseño oficial, ese margen de libre comercialización crecerá de forma gradual, a razón de un 10% adicional cada uno o dos años, de acuerdo a lo que fijen los pliegos definitivos.
