La nueva resolución de la Secretaría de Energía fijó el precio mínimo de adquisición en $1.590.832 por tonelada. Se trata del segundo aumento de octubre para el biodiesel, mientras que el bioetanol solo tuvo un ajuste.
Minetras prepara la nueva legislación que rige la actividad del sector y fija el porcentaje de mezcla obligatorio con naftas y gasoil, el gobierno sigue reacomodando los precios de los biocombustibles. Ante los reclamos de los productores, el biodiesel ahora pega otro salto en octubre y acumula un incremento mayor al 12% respecto al mes anterior.
Desde el viernes previo a las elecciones legislativas nacionales, el valor del derivado destinado a la mezcla obligatoria con gasoil quedó fijado en $1.590.832 por tonelada.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 422/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y representa un incremento del 5,44% respecto del precio anterior, que regía desde principios de octubre.
Esta vez, la resolución no incluyó una actualización en el precio del bioetanol.
En los considerandos de la norma se explica que las condiciones actuales del mercado “ameritan la determinación de un nuevo precio”, conforme al procedimiento establecido en la Resolución 963/2023, que define la metodología de cálculo basada en costos de elaboración, transporte y rentabilidad razonable para las plantas productoras.
Además, se determinó que el plazo máximo de pago del biodiésel no podrá exceder los siete días corridos desde la emisión de la factura correspondiente, una disposición que busca garantizar mayor previsibilidad en las operaciones entre productores y distribuidores.
El incremento en el valor del biodiésel se traduce en un posible impacto sobre los precios de venta al público del gasoil, dado que este biocombustible integra su mezcla obligatoria. Aunque las empresas dejaron de comunicar por adelantado las variaciones de precios en surtidor, se espera que el ajuste tenga algún grado de traslado a los consumidores.
Por otra parte, la resolución no incluyó una actualización en el precio del bioetanol, tanto el elaborado a partir de caña de azúcar como el derivado del maíz. Este último quedó nuevamente rezagado, lo que mantiene un desfasaje entre los diferentes componentes de la matriz de biocombustibles.
La brecha responde, según fuentes del sector, a diferencias en los costos de producción y a la política del Gobierno de priorizar ajustes graduales en segmentos con menor peso en la estructura del gasoil.
Esquema post electoral para los biocombustibles
En lo que va de octubre, la Secretaría de Energía aplicó dos actualizaciones consecutivas: la primera, a través de la Resolución 385/2025, había fijado el precio en $1.508.704 por tonelada, y la segunda lo elevó a su valor actual.
El biodiésel, producido principalmente a partir de aceite de soja, tiene un peso significativo dentro de la estructura de precios de los combustibles líquidos. La evolución de su valor influye no solo en los costos logísticos y de transporte, sino también en las expectativas de inflación, dado que el gasoil es un insumo transversal en la economía.
El contexto general muestra que los precios de los combustibles seguirán siendo un factor de presión durante los próximos meses.
El proyecto de Presupuesto 2026, actualmente en tratamiento en el Congreso, prevé un incremento del 50,6% en la recaudación de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, muy por encima del promedio general de recursos tributarios.
Los analistas prevén que, si se reactivan plenamente los ajustes impositivos previstos en la Ley 23.966, podría producirse un aumento adicional de hasta el 15% en los precios de las naftas y el gasoil. Este eventual incremento se sumaría al efecto derivado de la cotización del biodiésel y de factores externos, como la variación del dólar o la evolución del precio internacional del petróleo Brent.
En este escenario, la Secretaría de Energía busca mantener un equilibrio entre el cumplimiento del marco normativo y la necesidad de asegurar el abastecimiento interno.
La titular del organismo, María Tettamanti, firmó la resolución bajo la premisa de garantizar “una rentabilidad determinada, considerando los costos de elaboración, transporte y precio del producto puesto en su planta de producción”.
